ORPIO solicitó una medida cautelar y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con apoyo de IDL y Centro Jurídico de OTAWA para denunciar al gobierno del Perú tras poner en riesgo la vida de pueblos aislados.

Desde hace más de 30 años, las organizaciones indígenas solicitan la creación de reservas indígenas Yavarí – Tapiche (Loreto), Kakataibo (Ucayali), Yavarí Mirim (Loreto), Sierra del Divisor Occidental (Loreto y Ucayali), Napo-Tigre (Loreto) y Atacuari (Loreto). Todo ello, con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad de los PIAVCI; en otras palabras, aquellos pueblos que no mantienen contacto con la sociedad nacional, mejor conocidos como los “no contactados”.

«Numerosos pueblos indígenas en aislamiento habitan la amazonia norte y central del Perú, así como zonas transfronterizas. Estos pueblos rechazan relacionarse directamente con personas ajenas a sus propias colectividades, viven de la flora, fauna y otros recursos existentes en sus territorios y carecen de defensas inmunológicas frente a enfermedades externas y desconocidas para ellos. Desde los años noventa las organizaciones indígenas vienen demandando al Estado el reconocimiento oficial de sus territorios y su protección para garantizar la integridad y continuidad de estos pueblos. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido ninguna de las reservas solicitadas (6) y, menos aún, se han implementado mecanismos de protección en estas áreas. Por el contrario, las actividades extractivas y de infraestructura, así como el narcotráfico, avanzan sobre estos territorios y llevan consigo la amenaza de expansión del COVID 19 y otras enfermedades hacia estos pueblos, pudiendo causar su extinción. Ante ello, urge la intervención de organismos supranacionales de defensa de los derechos fundamentales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos» así lo señaló la antropóloga Beatriz Huertas especialista PIACI de ORPIO

El Estado ha reconocido oficialmente la existencia de la mayor parte de estos pueblos; sin embargo, no ha reconocido sus territorios y, menos aún, ha implementado mecanismos de protección que garanticen su integridad física y sociocultural. Así, pese a su extrema vulnerabilidad del sistema inmunológico de los miembros de estas poblaciones ante el COVID-19, el Estado peruano no realizó ninguna acción concreta para preservar su vida e integridad.

CONFERENCIA DE PRENSA

Sucedió todo contrario, el Estado autorizó la entrega de concesiones forestales y de hidrocarburos. Incluso, permitió la realización de actividades extractivas como la extracción de petróleo, desarrollo de la minería ilegal y avance de la tala en comunidades cercanas a los territorios de los PIAVCI. En este sentido, se sitúa la subsistencia de estos pueblos ante el peligro de un fututo incierto por el COVID-19.

«El Estado se ha desatendido de una manera sistemática de darle una reserva indígena o un territorio (a los pueblos aislados) en donde estén libres de todo tipo de amenazas como la actividad petrolera, forestal, narcotráfico, caza ilegal, entre otros (…) Hay años de retraso, el Estado no está priorizando los derechos de los aislados, toda investigación y estudio indican que el Estado viene priorizando las actividades industriales, las actividades económicas por encima de los derechos humanos. Entonces esto nos obligo a que se solicite estas medidas cautelares a la CIDH, a fin que ella pueda exhortar o le pueda recomendar al Estado que avance, lo más antes pronto posible, en la creación de estas áreas cumpliendo todos los protocolos para que pueda garantizar a los pueblos indígenas un territorio libre de amenazas.» confirmó el presidente de ORPIO, Jorge Perez Rubio

Ante ello, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) -organización representativa de los pueblos y comunidades indígenas de Loreto en Perú-, el Instituto de Defensa legal -IDL- y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa (Canadá) solicitan urgentemente una medida cautelar y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante un Estado lento e indiferente, las mencionadas acciones permiten que se tomen decisiones inmediatas para proteger de forma adecuada y efectiva a los pueblos indígenas en aislamiento como su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a la integridad física. De lo contrario, estas poblaciones podrían desaparecer, es decir, extinguirse. Es preciso recordar que, en el Perú, existen más de veinte pueblos no contactados y que están en peligro de extinguirse, peor aún ante una pandemia que ha golpeado, sobre todo, a los grupos históricamente más vulnerables como los PIAVCI.

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