Columna de opinión por Federico Contreras Espinoza, asesor legal de Orpio.
Después del 11 de noviembre del 2022 la presentación del Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR por el congresista Jorge Morante Figari, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, la población peruana informada se puso en alerta sobre el inminente peligro que pueda causar un cambio en la normativa para la protección de las poblaciones vulnerables conocidas como Pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial – PIACI. La presentación de este proyecto fue un retroceso en relación al trabajo que el estado peruano y las organizaciones indígenas habían logrado realizar a favor de los PIACI desde hace más de 40 años en base al Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, y en especial a la Ley 28736 que establece el Régimen Especial Transectorial (RET) desde hace 17 años.
Este Proyecto de Ley fundamentaba su accionar en desconocer la existencia de los pueblos indígenas vulnerables, sino también exterminarlos de la faz de la tierra al otorgar a los Gobiernos Regionales la facultad de extinguirlos mediante Ordenanza Regional, lo cual representa un vil atentado en contra de los derechos humanos, aunado a ello este PL no tenía mayor fundamento técnico – jurídico que, el considerar a los PIACI como un obstáculo para el desarrollo de Loreto.
Antes de noviembre del 2022, en Loreto se habían formado grupos anti-derechos que habían iniciado una feroz campaña para desconocer la existencia de estos pueblos, los cuales estuvieron acompañados de colegios profesionales, gobiernos locales, gobierno regional, y personajes que tienen la supuesta hoja de ruta para salir de la pobreza. Fue así que lograron convencer al congresista Morante para la presentación de este PL que estuvo ligado directamente a intereses económicos de explotación petrolera, minera, madera, infraestructura, electricidad, y otros, malinformando a la población de Loreto con expresiones sesgadas, abriéndoles nuevamente el tabú del falso regionalismo, en donde los PIACI son considerados verdaderos obstáculos a sus propuestas de desarrollo.
Organizaciones indígenas como AIDESEP y ORPIO se sumaron rápidamente a hacer frente a estas artimañas legislativas y de información inexacta, que representaba una amenaza a los derechos y territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, es así que desde el movimiento indígena que representa a estos pueblos, se realizaron actuaciones administrativas, judiciales y de incidencia política para repeler los ataques de los grupos anti-derechos que no sólo estaba ligado al ámbito profesional, sino que en algunas oportunidades se tradujeron al ámbito personal de los directivos indígenas.
El 23 de junio del año 2023, el Proyecto de Ley N° 3518/2022-CR fue archivado por el Congreso de la República, luego que la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobara su inhibición de dictaminar sobre la norma, toda vez que la iniciativa era competencia de la Comisión de Pueblos. Unos días antes la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, aprobó el predictamen y recomendó archivar el Proyecto de Ley 3518-2022, basándose en 5 fundamentos reales: 1.- Implicaba un grave retroceso del Estado peruano en cuanto a garantizar los derechos de los pueblos aislados. 2.- Es una propuesta inconstitucional y de aprobarse vulneraría obligaciones internacionales del Perú. 3.- Este proyecto no solo es antitécnico y representa la negación del Perú como un país multicultural. 4.- Es inviable y representa un atentado al derecho a la vida e integridad de estos pueblos. 5.- Es inconstitucional otorgar facultades sobre PIACI a los Gobiernos Regionales, toda vez que existe un ente rector que es el Ministerio de Cultura.
Sin embargo, el interés de exterminar a los PIACI aún no ha terminado, como recordarán el Gobierno Regional de Loreto el 13 de julio lideró el “Fórum Intercultural Reservas Piaci y Derecho a la Defensa del Desarrollo de los Pueblos Originarios de Loreto” donde nuevamente el GOREL promovió un espacio para que los grupos anti-derechos propalen mentiras sobre la creación de las Reservas Indígenas y la existencia de sus poblaciones aisladas.
Este 13 de julio fue un día funesto para el movimiento indígena, pues se reiteraron los ataques en contra de la creación de las Reservas Indígenas a favor de los PIACI. “En donde haya una reserva PIACI, ósea en donde hay unas personas no contactadas, el Gobierno Regional y René Chávez serán los primeros en defender, pero tiene que demostrarse” afirmó René Chávez, nuevamente el GOREL cuestionando la existencia de estas poblaciones vulnerables, exigiendo al Ministerio de Cultura que le sustente la categorización de estos territorios de las Reservas Indígenas, desconociendo los sendos estudios multidisciplinarios que han sustentado la presencia de estos pueblos y la creación de reservas indígenas a su favor.
En este fórum la mesa de honor también estaba ocupada por el congresista Jorge Morante Figari quien pregonó molestia por el archivo del PL 3518 y ratificó su compromiso de utilizar los instrumentos necesarios para retomar la propuesta normativa en donde se vuelva a disponer la modificación de la Ley PIACI, asegurando volver a presentar un Proyecto de Ley en contra de las poblaciones PIACI, habiéndose otorgado silencio por parte del Gobernador Regional ante intensiones indebidas. La Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Originarios ha expresado que este fórum tendrá continuidad en una segunda fecha, del cual esperamos se tenga una participación equitativa en intervenciones y tiempos de los actores claves.
Estos escenarios de amenazas se generan de la misma forma por la pasividad del Ministerio de Cultura en concluir con los procesos de categorización definitiva de los territorios de los PIACI que desde hace muchos años están avanzando lentamente, a pesar de existir un mandato judicial que ordena al MINCUL a concluir con estos procesos.
Ante el anuncio de la presentación de un nuevo proyecto normativo al Congreso de la República, las organizaciones indígenas se encuentran deliberadamente preparadas para volver a afrontar una campaña anti-derechos en contra de los derechos y territorios de los PIACI. Ya se ha dado el primer paso en develar las mentiras, en esta nueva etapa la verdad volverá a imperar.