Por: Jorge Pérez Rubio

El Estado peruano nunca ha sido amigable con la milenaria vocación de los pueblos indígenas de defender el territorio ancestral para garantizar la vida y reproducir la cultura propia. El odio y la barbarie más dolorosa después de la vorágine del caucho (final del siglo XIX e inicio del siglo XX) ha sido perpetrado –por la represión más brutal– en la curva del diablo (Bagua, 5 de junio 2009). Estos dos luctuosos acontecimientos demuestran que si el Estado podría hacerlo ya hubiera aniquilado a los pueblos indígenas amazónicos para hacerse libremente y sin obstáculos de los recursos naturales. Aunque los pueblos indígenas estuvieron siempre de pie el saqueo de la amazonía no se ha detenido en ningún momento, dejando a su paso una estela de muerte que ha dado origen al fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de nuevos liderazgos para defender los derechos colectivos y fundamentales e inmortalizar la grandeza de la historia de los pueblos. Entonces, nació también la Ley de Consulta Previa con el objetivo de poner fin a la escalada de los conflictos sociales y armonizar el ejercicio de los derechos colectivos con las prioridades de los proyectos de inversión a través de la generación de acuerdos resultantes del diálogo y el consentimiento.

El desarrollo de la Ley de Consulta Previa, la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras normas y tratados –de los cuales el Perú es signatario– no han logrado frenar el atropello de los derechos colectivos y fundamentales. La hegemonía del poder económico ha dictado a los operadores del legislativo y ejecutivo diversos mecanismos orientados a flexibilizar o debilitar el rol de las instituciones públicas en materia de fiscalización, sanción y tutela de las salvaguardas sociales y ambientales (instituidos para proteger derechos y frenar el cambio climático). Desde entonces, el Estado está siendo arrastrado por el liberalismo cerril, radical y beligerante.

Los hechos que sostienen nuestra observación están relacionados principalmente con la implementación y encaminamiento de proyectos extractivos (principalmente petróleo), construcción de la carretera Iquitos – Saramiriza, Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos, monocultivo (Grupo Melka), Hidrovía Amazónica, tráfico de tierras –miles de hectáreas de bosques de producción permanente se superponen a territorios ancestrales impidiendo la frontera de posesión– y la creación de parques nacionales o figuras similares de conservación sobre territorios ancestrales en agravio de la calidad de subsistencia de las poblaciones indígenas (Caso Parque Nacional Yaguas).

La ausencia de un plan de remediación total de más de 190 puntos contaminados (identificados por OEFA) en el Lote 8 y Lote 192, la falta de acciones concretas sobre la demanda de compensación de daños a través de obras sociales y productivas, la demora de la reparación integral del Oleoducto Norperuano y la desatención inmediata con agua limpia para la población afectada por el derrame frecuente de petróleo constituye un vergonzoso monumento de la impunidad, engaño, codicia y aislamiento. La carretera Iquitos – Saramiriza ha sido impulsado por la pasión que el actual presidente de la república dice sentir por Loreto mas no por la urgente necesidad de levantar la capacidad de los deslucidos sectores productivos de la región. En consecuencia, Loreto podría convertirse en una réplica de la nefasta situación social y ambiental que ha llevado consigo la Interoceánica Sur (Madre de Dios). El proyecto Hidrovía Amazónica ha de definir su continuidad en lo que el EIA-d pueda dilucidar –en un proceso de consulta previa–  respecto de los temores de los pueblos indígenas que se cierne sobre la dinámica de los ríos y la reproducción de las pesquerías que viene alimentando a miles de personas durante miles de años. Mientras tanto ORPIO ha presentado una solicitud de nulidad de la Resolución Directoral que aprueba el Plan de Participación Ciudadana del EIA-d por no haber considerado los acuerdos de la consulta previa para esta etapa.

Según los expertos el Proyecto Línea de Transmisión Moyobamba Iquitos no es la única alternativa para proveer la energía que se necesita. Con 499 millones de dólares que cuesta este proyecto se podría construir varios parques generadores de energía renovable (principalmente solar). La Sociedad Peruana de Energía Renovable sostiene que el Perú tiene abundantes condiciones y el MEM ha creado un marco normativo (DL 1002, 2008) promotor de las energías renovables no convencionales (RER). “El 45% de la energía proviene de fuentes renovables en Brasil y en el 2020 varios países de la UE prohibirán el consumo de energía generado por combustibles fósiles” por contaminar el medio ambiente. En el Perú existe hoy 4 parques eólicos en operación.

 Las autoridades de Loreto deben planificar el desarrollo de Loreto de la mano con la sociedad civil a fin de lograr la sostenibilidad que todos esperamos.