En su última sesión ordinaria de la legislatura 2025–2026, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso archivó por unanimidad el Proyecto de Ley 12215/2025-CR, iniciativa del congresista Juan Carlos Morí Celis que buscaba modificar la Ley 28736 o Ley PIACI. La propuesta pretendía reducir los estándares de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Organizaciones indígenas y de la sociedad civil coincidieron en el carácter regresivo del proyecto, que obligaba a reevaluar cada dos años las reservas indígenas bajo criterios económicos y bajo presiones coyunturales, además de crear una Comisión Especial paralela que hubiera debilitado la institucionalidad PIACI. AIDESEP, ORPIO y otras organizaciones indígenas destacaron el esfuerzo técnico y político de la Comisión de Pueblos, cuyo rol fue determinante para asegurar el archivamiento definitivo. Este acompañamiento institucional resultó clave en un Congreso donde han proliferado iniciativas con riesgos severos para los derechos colectivos. “Hemos advertido que estos proyectos de ley son muy peligrosos. Lamentablemente, con el retiro de la Comisión de Pueblos para el próximo Congreso, nos quedamos sin un aliado clave que ha ayudado a archivar iniciativas que buscan vulnerar nuestros derechos”, señaló el Apu Beltrán Sandi Tuituy, presidente de ORPIO.

PRONUNCIAMIENTO RECHAZAMOS EL RECORTE A LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PARA EL ACCESO A BECA 18 La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) trabaja por el desarrollo de las comunidades nativas expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al recorte presupuestal impulsado por el gobierno del presidente José Jerí, que afecta directamente al acceso a Beca 18, Beca Tec y otros programas claves para la población estudiantil indígena. La exclusión de la partida de S/ 793 millones solicitada por Pronabec en el presupuesto 2026 representa una decisión arbitraria que pone en riesgo el futuro educativo de más de 38 000 estudiantes. Para las juventudes indígenas, que ya enfrentan brechas profundas en el sistema educativo, este recorte constituye un doble castigo: exclusión estructural y limitación de oportunidades para acceder a educación superior de calidad. Alertamos que este recorte vulnera derechos y compromisos del Estado. Beca 18 es una política pública creada para reducir desigualdades y garantizar el ejercicio del derecho a la educación en zonas históricamente postergadas. La reducción drástica y antidemocrática de su financiamiento incumple obligaciones constitucionales y estándares internacionales que el Perú ha asumido en materia de derechos indígenas y no discriminación. Exigimos la incorporación inmediata del presupuesto completo para Pronabec. El déficit de S/ 697 millones limita la entrega de las 20 000 becas anunciadas y genera una distribución desigual de recursos, afectando especialmente a estudiantes indígenas cuyos costos educativos, en muchos casos, sólo pueden ser cubiertos mediante estas becas. Exigimos al MEF y al Congreso [...]