En el marco del ciclo de audiencias temáticas 179 Período Ordinario de sesiones virtual de la CIDH, las organizaciones amazónicas como parte de la Iniciativa de las Cuencas Sagradas: AIDESEP, Gobierno Territorial Autónomo Nación Wampís- GTANW, FENAP, ORPIO, CONFENIAE y COICA, junto a organizaciones aliados, presentaron ante la CIDH un informe que destaca los enormes desafíos sociales y ambientales a los que se ven sometidas las comunidades indígenas que residen en la zona de la triple frontera, entre Perú, Ecuador y Colombia; todo ello, ante la pasiva mirada de los gobiernos de dichos países».
«El covid19 sigue merodeando en las comunidades indígenas. El Gobierno Peruano no se hace cargo al 100% del control de la enfermedad y no activa el Plan Amazonía, teniendo financiamiento y a pesar de que la Defensoría del Pueblo se lo ha pedido. Por ello, pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidan a nuestro país atención a las comunidades indígenas». Señaló Jorge Pérez Rubio presidente de ORPIO.
La terrible realidad compartida por todos los pueblos indígenas que viven alrededor de las fronteras es innegable: Territorios que coexisten y se superponen a los intereses económicos gubernamentales de las industrias extractivas, desde la gran industria a las actividades ilegales; pueblos que los Estados mantienen desatendidos de servicios básicos como agua, luz, desagüe, alcantarillado, alumbrado público, educación y salud, necesidades básicas lo que crean brechas abismales en la calidad de vida y oportunidades para estas poblaciones vulnerables.
Con la llegada de la COVID 19, los problemas que se vivían en estas zonas se agravaron: 29,827 casos confirmados totales con variable pertinencia étnica desde el inicio de la emergencia sanitaria al 16 de marzo de este año, (Sala de Población Indígena con COVID-19 MINSA). Según el informe presentado en diciembre del 2020 por la Defensoría del Pueblo, Loreto fue el epicentro de la pandemia en ese año, registrando 12,796 casos confirmados (Maynas, Datem del Marañon, Loreto, Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, Alto Amazonas, Requena, Ucayali) y 3,208 fallecidos (DIRESA-LORETO). Cabe resaltar que estas cifras oficiales mantienen un desfase importante en su actualización, lo que dificulta visibilizar la magnitud de la afectación en los pueblos indígenas. Ante ello, desde ORPIO-AIDESEP y la Defensoría del Pueblo se viene solicitando de manera urgente se reanude para el año 2021 el “Plan de Intervención del MINSA para comunidades indígenas y poblados rurales de la Amazonía frente a la pandemia del COVID19” cuál fue creado el mayo 2020, pero que a la fecha no ha sido renovado.
Por otro lado, en la región Amazonas, territorio de la Nación Wampís, desde agosto del 2020 se han registrado problemas de deforestación y tala ilegal. Ante la creciente demanda en Ecuador de madera balsa, también conocida como “topa”, se inició una red ilegal de tala y tráfico de madera extraída desde la amazonía del Perú y transportada hacia el Ecuador. La dinámica de la actividad involucró el ingreso de personas foráneas a las comunidades, la creación de una red de transporte de madera ilegal e incluso la instalación de aserraderos clandestinos. Pese a las insistentes gestiones de la Nación Wampís ante las instituciones gubernamentales competentes en el tema, el Estado no ha tomado ninguna medida de protección para los territorios, lo que ha descontrolado la tala llegando incluso a territorios de otras comunidades en Loreto.
Esta grave situación, que además de haber registrado más de 50 hectáreas deforestadas en territorio Wampís y Awajún, expone a las comunidades al contagio de la COVID 19, instaura nuevos problemas sociales como el acoso callejeros hacia las mujeres y provoca conflictos sociales entre comunidad transfronterizas.
Finalmente, el coordinador de la Iniciativa, Eduardo Pichilingue Ramos, hizo un llamado a la comisión para solicitar que los Estados adopten medidas de protección para los territorios de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento o Contacto Inicial de la zona transfronteriza: “Solicitamos se exhorte a ambos gobiernos a tomar consciencia de la extrema vulnerabilidad de estos pueblos en medio de la pandemia”. “Recordemos que estos pueblos, al vivir aislados, son sensibles al impacto de cualquier enfermedad occidental”, es por ello que a fin de evitar posibles vulneraciones, se busca crear zonas de reservas indígenas. Actualmente, solo en Loreto existen 5 solicitudes de reservas indígenas, una de las cuales, Napo – Tigre, empezó este año el proceso de convocatoria para realizar el Estudio Previo de Reconocimiento, procedimiento que solo debió tardar 1 año y medio en realizarse, pero que se atendió 18 años después de presentada la solicitud por ORPIO – AIDESEP.