La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) expresa su más enérgico rechazo a la modificatoria de la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), recientemente aprobada por el Congreso de la República del Perú. Dicha reforma representa un grave retroceso en la defensa de derechos fundamentales y en el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, al imponer restricciones injustificadas al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y a la cooperación internacional.
Desde ORPIO denunciamos que el Estado peruano ha sido, históricamente, uno de los principales responsables del despojo territorial, la negación de la existencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), el deterioro de nuestras condiciones de vida y el desconocimiento de nuestros derechos fundamentales. Ante esta situación, la cooperación internacional ha sido un aliado estratégico en la defensa de nuestros derechos humanos y territoriales.
La modificatoria de esta ley impone sanciones arbitrarias a las organizaciones que ejerzan acciones judiciales o administrativas en defensa de los derechos humanos, calificando esta labor como una infracción muy grave. Asimismo, introduce restricciones imprecisas que penalizan cualquier acción considerada como una «amenaza» a la tranquilidad pública o al interés nacional. Estas disposiciones abren la puerta a interpretaciones discrecionales que pueden utilizarse para criminalizar la defensa del territorio, la protección del medio ambiente y la lucha por la justicia de los pueblos indígenas.
Alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre los graves efectos de esta ley, dado que afecta directamente nuestra capacidad de incidencia y autonomía. No se trata de una medida de transparencia, sino de un mecanismo de persecución, silenciamiento y criminalización de quienes denunciamos las violaciones a los derechos humanos y ambientales. La fiscalización no puede convertirse en un instrumento de represión contra quienes luchamos por el respeto a nuestros territorios y nuestra forma de vida.
Desde ORPIO, promoveremos acciones legales en contra de la presente norma que vulnera derechos fundamentales, solicitando al Tribunal Constitucional que excluya del ordenamiento jurídico a esta norma que desde ya viene generando incertidumbre en el movimiento indígena. Seguiremos en la lucha por la autonomía de nuestras organizaciones y la defensa de nuestros pueblos, porque defender derechos no es un delito.
Iquitos, 13 de marzo de 2025.
