La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) sostuvo una reunión de trabajo con representantes de PERUPETRO para conocer la situación de los lotes petroleros 39 y 67 y expresar la posición de los pueblos indígenas frente a su superposición con el área solicitada para la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, destinada a la protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
En la reunión participaron el presidente de ORPIO, Juan Montero García; la vicepresidenta, Harodi Figueroa; y el gerente de Gestión Social y Ambiental de PERUPETRO, Marco Chávez, junto a su equipo.
Durante el encuentro, ORPIO solicitó información clara sobre el estado actual de ambos lotes, las perspectivas y cronogramas relacionados con sus actividades, así como los criterios técnicos considerados frente a la superposición existente con el área solicitada para la protección de los PIACI.
La reunión permitió poner sobre la mesa distintas posiciones respecto al territorio amazónico, las actividades de hidrocarburos y la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Los representantes de PERUPETRO señalaron que los lotes petroleros fueron establecidos con anterioridad al proceso para el establecimiento de la reserva indígena y explicaron que la institución tiene entre sus responsabilidades contribuir a garantizar la seguridad energética del país.
Asimismo, expresaron cuestionamientos respecto de la evidencia disponible sobre la presencia de PIACI en esta zona, señalando que durante anteriores actividades de exploración y estudios sísmicos los operadores no habrían reportado avistamientos de pueblos en aislamiento.
“Los pueblos indígenas existíamos antes que el Estado”
Frente a esta posición, el presidente de ORPIO, Juan Montero García, recordó que la presencia de los pueblos indígenas en la Amazonía es anterior no solo al establecimiento de los lotes petroleros, sino a la propia conformación del Estado peruano.
“Antes que se constituya el Estado peruano, los pueblos indígenas ya existíamos. Hay que respetar a los pueblos indígenas que no quieren ser contactados y también el territorio y sus recursos”, señaló.
El presidente destacó que el conocimiento indígena sobre el territorio se ha construido a lo largo de generaciones de ocupación, desplazamiento y relación permanente con el bosque. En ese sentido, sostuvo que los testimonios y conocimientos de los pueblos indígenas sobre la presencia de PIACI deben ser considerados y respetados.
El presidente de ORPIO recordó que generaciones anteriores transmitieron testimonios sobre la presencia de estos pueblos y remarcó que una intervención temporal en el bosque no puede compararse con el conocimiento acumulado por quienes habitan y recorren estos territorios de manera permanente.
“Nosotros los indígenas vivimos allí. Sabemos qué es vivir en el territorio y tenemos conocimiento de que allí viven nuestros hermanos”, manifestó.
Actividad petrolera y deudas pendientes con las comunidades
Durante su intervención, Juan Montero también recordó que los pueblos indígenas de Loreto conocen de cerca los impactos sociales y ambientales que pueden acompañar a las actividades extractivas cuando no existen suficientes garantías.
Señaló que, pese a décadas de explotación de recursos naturales en la Amazonía, muchas comunidades indígenas continúan enfrentando serias brechas de atención por parte del Estado, particularmente en servicios esenciales como salud y educación.
Asimismo, recordó que la actividad petrolera ha dejado contaminación y pasivos ambientales cuya atención y remediación continúa siendo una demanda pendiente de los pueblos indígenas.
Para ORPIO, cualquier decisión relacionada con actividades de hidrocarburos en la Amazonía debe garantizar el respeto de los derechos colectivos, la protección del territorio y el ambiente, así como la participación efectiva de las organizaciones y comunidades indígenas.
La minería ilegal también amenaza los territorios
Otro de los temas abordados durante la reunión fue el avance de la minería ilegal en diferentes zonas de Loreto.
Frente a esta problemática, ORPIO reafirmó que las organizaciones indígenas vienen enfrentando directamente el ingreso de actividades ilegales a sus territorios y que la protección de los PIACI y de sus territorios no puede ser presentada como un obstáculo para combatir estas economías ilegales.
La vicepresidenta de ORPIO, Harodi Figueroa, explicó que las organizaciones indígenas vienen luchando contra el avance de la minería ilegal en el río Curaray y advirtió que la limitada presencia del Estado facilita el ingreso de actores ilegales.
“Ante el abandono del Estado, los ilegales aprovechan para apoderarse de nuestros territorios y recursos, pero nosotros los vamos a sacar”, afirmó.
ORPIO sostuvo que enfrentar la minería ilegal requiere una respuesta efectiva y articulada de las instituciones competentes del Estado, junto con las organizaciones indígenas que protegen y vigilan permanentemente sus territorios.
Mayor coordinación e información oportuna
Pese a las diferencias expresadas durante la reunión, ORPIO considera necesario mantener abiertos los espacios de diálogo y fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información con PERUPETRO, especialmente respecto de aquellos lotes que se superponen con territorios indígenas y ámbitos vinculados a la protección de los PIACI.
La organización planteó también la necesidad de que el Ministerio de Cultura fortalezca la coordinación con las organizaciones indígenas, brinde información oportuna sobre las acciones que viene desarrollando y articule de manera efectiva con las entidades del Estado involucradas en decisiones que puedan afectar estos territorios.
Para ORPIO, cualquier política energética o iniciativa de desarrollo que se impulse en la Amazonía debe incorporar desde sus primeras etapas el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, la protección de los PIACI y el conocimiento que las comunidades han construido durante generaciones sobre sus territorios.
ORPIO continuará participando en los espacios de diálogo con las instituciones del Estado desde una posición clara: las políticas energéticas y de desarrollo del país deben avanzar respetando la vida, los derechos, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas, incluidos aquellos pueblos que han decidido permanecer en aislamiento.
