El 20 de diciembre del presente año, se presentó ante el 9no Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima una demanda de amparo por parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), patrocinado por los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), contra el proyecto de ley Nº 3518-2022-CR del Congreso de la República, que constituye una amenaza de violación al derecho a la vida y subsistencia de los pueblos en aislamiento.
Este proyecto en los hechos es tan lesivo que busca suspender indefinidamente los Estudios Previos de Reconocimiento PIACI que estén en curso y la creación de Reservas Indígenas a su favor. De la misma manera, busca trasladar a los gobiernos regionales las competencias del Ministerio de Cultura referidas a la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos mencionados, siendo precisamente algunos gobiernos regionales los principales opositores al reconocimiento de sus derechos. Al respecto, propone que el reconocimiento de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, y la creación y establecimiento de las Reservas Indígenas donde habitan sean aprobados mediante Ordenanza Regional, expedidas por los Gobiernos Regionales y no por Decreto Supremo expedido por el Ministerio de Cultura, como ente rector del Gobierno Nacional en dicha materia, lo cual genera arbitrariedad por estar fuera de su competencia
El Proyecto de Ley tampoco cuenta con un enfoque de derechos humanos e implicaría la comisión de un crimen de lesa humanidad, permitiría la extinción de las Reservas Indígenas creadas y en trámite, lo cual liquidaría los territorios PIACI y prioriza los “análisis económicos” para la explotación de los recursos naturales dentro de las Reservas Indígenas PIACI.