El aumento de proyectos de infraestructura que se vienen promoviendo en la región Loreto, sin que estás pasen por un debido proceso, como, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, a provocado la alerta de defensa en los pueblos indígenas de la zona.

La Organización Regional de los Pueblos indígenas del Oriente (ORPIO), con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forum Solidaridad Perú (FSP), se presentará en audiencia pública este jueves 31 de mayo a las 8 de la mañana (Juzgado Civil Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto) para exigir el cumplimiento de la Ley 29785 del derecho a la Consulta Previa.

120 millones de dólares se invertirían en infraestructura y cableado que cruzaría las regiones de San Martín y Loreto, desde Moyobamba hasta Iquitos. Cabe mencionar que este tramo completa alrededor de 630 kilómetros.

Este proyecto tendría una afectación directa, que no ha contemplado, como es la deforestación y las invasiones de colonos que ocasionaría, asimismo, la tala ilegal de madera, el tráfico de tierras, es decir, la biodiversidad en su conjunto se vería seriamente afectada, a vista de los pueblos indígenas quienes viven y son parte de ese territorio.

Además, dicho proyecto se elaborado (por el MEN y ProInversión) en su totalidad a espaldas de los pueblos indígenas (Achuar, Chumicuro, Kandoshi, Kukama, Shawi, Shiwilo y Urarina) y sus intereses.

“Existe una herramienta de derecho internacional que bien podría aplicarse en defensa de los pueblos indígenas de esta parte de la amazonía como ´Los Principios Rectores para Empresas de las Naciones Unidas´ cuyo compromiso se puede resumir en hacer cumplir el deber de asegurar derechos de los ciudadanos que tiene el Estado, las obligaciones que tiene la empresa con la nación y el compromiso de remediación para los pueblos que se ven afectados directamente por la actividad de la empresa” explicó Jorge Pérez, presidente de ORPIO.

Finalmente, Pérez agregó que se debe advertir que, en efecto, en mayo de 2016, el Viceministerio de Interculturalidad (VMI), mediante la Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, expresó que los proyectos de servicios públicos no deberían ser consultados, pero “es necesario especificar la envergadura de cada proyecto, por ejemplo, el de la electrificación que involucra a dos regiones, no es una plaza menor con juegos para niños” detalló el líder indígena de ORPIO.