Lima, 3 de septiembre de 2025. – Tras más de dos décadas de espera, este jueves 4 de septiembre la Comisión Multisectorial de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) sesionará para decidir la categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto, en la frontera entre Perú y Brasil. La reunión, que tendrá lugar en la Sala Mochica del Ministerio de Cultura, representa un hito crucial en la defensa de los derechos de los pueblos Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina), oficialmente reconocidos por el Estado como pueblos en aislamiento.
La creación de esta reserva ha sido demandada desde el año 2003 por la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Sin embargo, los plazos legales establecidos en la Ley PIACI (Ley N.° 28736) fueron incumplidos sistemáticamente, dejando durante 20 años a los PIACI en total desprotección frente a amenazas como la deforestación, las actividades ilegales y las presiones extractivas.
Evidencias irrefutables de presencia indígena
El Estudio Adicional de Categorización (EAC) de la Reserva Yavarí Mirim, entregado en 2024 y que será sometido a votación en esta sesión, presenta más de 113 nuevas evidencias antropológicas que confirman de manera fehaciente la presencia de pueblos en aislamiento. Entre ellas destacan hallazgos de malocas, chacras, cerámicas y ollas de barro, utensilios, fogatas, arcos y flechas, así como testimonios de contactos fortuitos y avistamientos. Además, el análisis satelital y aéreo permitió identificar hasta 25 asentamientos, malocas, chacras y purmas confirmados de Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) en zonas remotas de difícil acceso.
El estudio estima que la población indígena en aislamiento dentro de Yavarí Mirim asciende a al menos 640 personas, quienes dependen del bosque como fuente vital de alimento, salud y supervivencia. La delimitación final de la reserva abarca 1’177,549 hectáreas de su territorio tradicional, una extensión que permitirá garantizar su derecho a la vida y la integridad frente a las amenazas externas.
Beneficios para las comunidades colindantes
Un punto central de la discusión pública ha sido cómo la creación de reservas indígenas impacta a las comunidades nativas vecinas. La experiencia demuestra que los beneficios son directos y múltiples.
Cuando se constituye una reserva, se conforma un Comité de Gestión de Protección, en el cual participan representantes de las comunidades colindantes junto con sectores del Estado. Este espacio no solo permite coordinar medidas de vigilancia, sino también exigir servicios básicos largamente postergados, como agua potable, salud intercultural, educación bilingüe e internet satelital, entre otros.
Asimismo, los Planes de Protección contemplan actividades de apoyo directo a las comunidades vecinas, como botiquines comunales, campañas de vacunación, capacitación de promotores de salud o instalación de radios y conectividad digital. Ejemplo de ello es la Reserva Indígena Yavarí Tapiche, donde ya se implementaron cuatro puestos de control y vigilancia administrados con participación activa de comuneros locales, quienes son contratados como agentes de protección.
La ceación de reservas también trae consigo beneficios ambientales. Al disminuir la presión de actividades ilegales, los bosques se regeneran y la fauna retorna, asegurando a las comunidades vecinas más disponibilidad de carne de monte y recursos para su subsistencia. En este sentido, las reservas se convierten en un escudo que fortalece tanto la seguridad alimentaria como las prácticas culturales tradicionales.
Obligación legal y respaldo judicial
Cabe destacar que la categorización de la Reserva Yavarí Mirim no solo es un imperativo moral, sino también una obligación legal. Existe una sentencia firme del Poder Judicial (Exp. N.° 12798-2016) que ordena al Estado garantizar los derechos fundamentales de los PIACI y crear de manera urgente las reservas solicitadas, entre ellas Yavarí Mirim.
El propio Reglamento de la Ley PIACI establece que, contando con información técnica favorable –como es el caso–, corresponde emitir el Decreto Supremo que oficialice la creación de la reserva. A la fecha, no existen superposiciones con comunidades nativas, predios privados ni proyectos de infraestructura. Las concesiones forestales que se cruzaban con la propuesta original fueron anuladas mediante sentencias judiciales, y las 10 que se superponen al área de la delimitación final de la reserva están en proceso de exclusión y reubicación formal por parte del Gobierno Regional de Loreto, en cumplimiento con la normativa vigente.
Una decisión impostergable
La sesión del 4 de septiembre marca un antes y un después. Por un lado, el Estado peruano tiene la oportunidad histórica de saldar una deuda con los pueblos en aislamiento, garantizando la intangibilidad de su territorio y los principios de autodeterminación y no contacto. Por otro lado, se abre una ventana de desarrollo para las comunidades colindantes, que podrán acceder a mayores servicios, empleo y seguridad territorial.
“Ya no hay excusas. La información técnica y legal está completa, las evidencias son contundentes y la obligación del Estado es clara: proteger la vida de los PIACI de Yavarí Mirim”, señaló Pablo Chota, dirigente de ORPIO, en un comunicado previo a la sesión.
La expectativa de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil es que la Comisión Multisectorial PIACI actúe con responsabilidad y emita un voto favorable, permitiendo que el Estado peruano a través del Ministerio de Cultura, mediante Decreto Supremo, oficialice finalmente la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim.
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