¡Denunciamos proyecto de ley de congresista fujimorista Jorge Morante que pone en grave riesgo la vida y territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI) de la Amazonía peruana!

A LA COMUNIDAD EN GENERAL:

Nosotros y nosotras, hombres y mujeres pertenecientes a la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO que agrupa y representa a 33 federaciones, más de 500 comunidades nativas pertenecientes a 30 pueblos indígenas de la Región Loreto, al amparo de nuestros derechos humanos y colectivos consagrados en la Constitución Política del Perú, en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, queremos expresar lo siguiente:  

1. RECHAZAMOS categóricamente el Proyecto de Ley N°3518/2022-CR, presentado por el congresista fujimorista Jorge Morante Figari, que pretende modificar los principales artículos de la Ley N°28736, Ley para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Ley PIACI) con la finalidad de transferir las competencias legales del Ministerio de Cultura a los Gobiernos Regionales para, de esa manera, detener todos los procedimientos de creación de Reservas Indígenas a favor de los PIACI, lo cual los pondría en riesgo de exterminio.

 2. DENUNCIAMOS que, a través de esta iniciativa legislativa, se busca suspender indefinidamente tanto los estudios de reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI) en territorios de la Amazonía peruana que estén en curso, como la aprobación de los procedimientos de categorización o creación de Reservas Indígenas donde habiten los PIACI por parte de la Comisión Multisectorial del Ministerio de Cultura. En ese sentido, este proyecto de ley propone que sean los Gobiernos Regionales los responsables del régimen legal de protección de los PIACI a nivel regional, cuando son precisamente estas autoridades y representantes quienes han negado su existencia en reiteradas oportunidades y quienes permanentemente ponen en riesgo la vida de nuestros hermanos aislados.

3. RECHAZAMOS que este “Proyecto de ley de extermino contra los PIACI” de la bancada fujimorista y sus aliados en el Congreso intente subordinar la protección de grupos de seres humanos vulnerables como los PIACI a criterios de “análisis económico”, priorizando la explotación de los recursos naturales sin tomar en cuenta el respeto a los derechos humanos de los PIACI y los impactos ambientales en los bosques y ríos de la Amazonía. Ante esto, desde ORPIO manifestamos que la Ley N°28736 o Ley PIACI es una norma de derechos humanos aprobada por el Congreso de la República en el año 2006 que establece y desarrolla los principales derechos fundamentales de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial por lo que su modificación sin un enfoque de derechos humanos implicaría la comisión de un crimen de lesa humanidad contra estas poblaciones que gozan de los mismos derechos constitucionales que todos los ciudadanos nacidos en el Perú.

4. ADVERTIMOS que el origen de esta iniciativa legislativa proviene de la alianza entre los representantes de la “Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto” (CDSL), asociación civil liderada por el empresario iquiteño Christian Pinasco Montenegro (sentenciado por delito de corrupción de funcionarios según los medios SERVINDI y Ojo Público), el asesor del congresista Morante, Manuel Noriega Tello, y los propios funcionarios del Gobierno Regional de Loreto encabezados por el saliente gobernador Elisbán Ochosa Sosa. Debe quedar muy en claro que estos empresarios, lobistas, y cuestionados políticos de la región Loreto no responden a una auténtica voluntad de promover el desarrollo de los pueblos amazónicos, sino que obedece a intereses particulares de grupos económicos que buscan seguir depredando los bosques y los recursos naturales sin respetar los derechos humanos de los habitantes de la Amazonía y los territorios de los pueblos indígenas u originarios.

5. DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE que nosotros, los dirigentes de ORPIO y de nuestras federaciones locales, venimos siendo constantemente amenazados por parte de los representantes de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, funcionarios del Gobierno Regional de Loreto y empresas petroleras como PERENCO, a través de demandas judiciales y calumnias en medios de prensa escrita y radial, por el simple hecho de reclamar al Estado la protección de nuestros hermanos indígenas en aislamiento y la creación de Reservas donde puedan subsistir sin amenazas ni invasión a sus territorios. Por esa razón, durante todo el año 2022, estos grupos empresariales y políticos han invertido enormes montos de dinero en comunicados, avisos publicitarios, viajes a Lima para reuniones con autoridades nacionales, propaganda en medios de comunicación regionales y nacionales y en lujosos eventos, como parte de una campaña que pretende negar la existencia de los PIACI e intenta desprestigiar la veracidad y rigurosidad de los estudios que el Estado peruano ha venido desarrollando, a través del Ministerio de Cultura, desde hace más de 20 años con el fin de sustentar la existencia de PIACI en algunas áreas remotas de regiones  de la Amazonía como Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Huánuco.

6. EXHORTAMOS a los representantes del Congreso de la República, a través del Pleno y de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), a archivar de manera inmediata este proyecto de ley que atenta contra los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial (PIACI). En caso contrario, el Estado peruano incurrirá en responsabilidad internacional debido a que la Ley PIACI emitida en el año 2006 por el Estado peruano se enmarca dentro de una serie de normas del marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos reconocidos a través de diversos instrumentos y resoluciones de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

7. EXIGIMOS al Presidente de la República, Pedro Castillo y a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y a otros sectores del Estado peruano rechazar con contundencia este proyecto de ley que atenta contra los derechos fundamentales de los PIACI e insta al Estado a cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales de proteger a estos pueblos. Asimismo, HACEMOS UN LLAMADO a organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la sociedad civil y a la comunidad en general a denunciar este atropello contra los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicia.

8. FINALMENTE, la aprobación de este proyecto de ley no sólo afectaría gravemente los derechos fundamentales de los PIACI quienes se encuentran en una extrema situación de vulnerabilidad inmunológica, social y demográfica, si no que significaría un enorme riesgo para la preservación de áreas naturales protegidas y conservación de bosques primarios cuyos territorios poseen una inmensa biodiversidad en especies de flora y fauna, las cuales son fundamentales para mitigar los efectos nocivos del calentamiento global generado por el cambio climático a nivel mundial.