Más de 220 mil hectáreas de territorios ancestrales al pueblo Kichwa del río Napo donde se encuentran comunidades, diversidad ecológica y bosques primarios, corren peligro de ser despojados y talados por empresas madereras. Así lo decidió el Gobierno Regional de Loreto, quién ha dispuesto de estas áreas como otros territorios indígenas para crear nuevas unidades de aprovechamiento que puedan ser otorgadas como concesiones forestales a empresas privadas en el marco de la «reactivación económica», así lo señala la carta de ORPIO enviada al Gobernador de Loreto, Elisban Ochoa.
El Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha emprendido la reactivación económica del sector forestal, donde se ha anunciado la inversión de 13 millones de soles para otorgar nuevas áreas para concesiones forestales, reactivar concesiones ya otorgadas y darle un impulso a las pequeñas y medianas empresas forestales.
«Para nuestra organización, este anuncio, desde un inicio, ha significado una gran amenaza para la integridad los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales y comunales. Por ello, hemos enviado una carta al Gobierno Regional de Loreto (GOREL), a través de la Gerencia Forestal y de Fauna Silvestre (GERFOR) en la que informamos su perjudicial decisión que solo busca obstruir el proceso de saneamiento físico legal de 22 comunidades nativas ubicadas en la cuenca alta, media y baja del Río Napo, así como en la cuenca del Rio Curaray, apoyadas por nuestra organización» señaló Jorge Pérez Rubio, presidente de ORPIO.
ORPIO considera que este acto pretende arrebatar más de 220 mil hectáreas de territorios ancestrales al pueblo Kichwa del río Napo, con el fin de crear nuevas unidades de aprovechamiento que puedan ser otorgadas como concesiones forestales a empresas privadas. A pesar que todas estas comunidades, en cada etapa del proceso de saneamiento, han cumplido con todos los requisitos de acuerdo a Ley, y su documentación se encuentra en la Dirección Regional Agraria de Loreto en niveles avanzados de gestión, y aun así, con el pretexto de impulsar la economía de la Región pretenden paralizar estos procesos que a nuestros pueblos les ha costado años de lucha obtenerlos.
Finalmente ORPIO advierte al Gobierno Regional de Loreto que, de perpetrarse un acto como este, se estaría violando la constitución política del Perú, la Ley de Comunidades Nativas 22175, el código civil, el convenio 169, entre otras normativas, y nos veríamos en la obligación de denunciarlos ante organismos nacionales e internacionales como la comisión y la corte interamericana de derechos humanos.
