El pasado 17 de abril un ataque de invasores en la comunidad La Petrolera dejo un muerto y 4 heridos de bala. Hecho que pudo evitarse si la Fiscalía y Policía de Nauta hubieran actuado a tiempo. Ya que las comunidades denunciaron haber sido amenazados de muerte por estos invasores que extraían ilegalmente madera y se aprovechaban de sus territorios.

Los invasores llegaron hace un año y ponían en peligro a la comunidad. Según Alfonso Lopez, presidente de ACODECOSPAT las amenazas de muerte se convirtieron en una constante para los pobladores de La Petrolera. “Les dijeron que iban acabar con la comunidad para que el territorio quede libre y puedan hacer lo que quieran”, afirmó.

Por ello el 18 de marzo, los comuneros solicitaron garantías personales ante la Subprefectura de Nauta, en Loreto, contra estos invasores.  Sin embargo, un par de semanas después, los invasores entraron nuevamente armados a extraer ilegalmente madera. Los comuneros se defendieron y pudieron decomisar dos de sus escopetas que fueron entregadas a las autoridades fiscales el 4 de abril, como consta en la denuncia verbal presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nauta.

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Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Nauta, pero ninguna acción fue tomada por dicha institución, a pesar de haber entregado armas decomisadas de los invasores que atacaron la comunidad La Petrolera según indicó ACODECOSPAT, federación base de ORPIO.

Incluso se esperaba que con la denuncia presentada el 4 de abril se inicie una investigación y se solicité la intervención policial en la zona, ante el inminente peligro por las amenazas recibidas. Sin embargo, no hubo acción por parte de las autoridades, no hicieron caso a la denuncia.

Ante esta indiferencia, la comunidad se vio obligada a organizarse para asumir la defensa de sus territorios poniendo en riesgo sus vidas. El 17 de abril, ocurrió lo que se temía los invasores regresaron y en una emboscada mataron al  joven indígena urarina, Cristian Java Ríos y dejaron a 4 hermanos indígenas heridos de bala.

“Se informó que los invasores tenían más armamento y solicitaron una visita de las autoridades a la zona. La emboscada se hizo con las armas que las autoridades competentes tenían que haber decomisado”, señaló abogada Verónica Shibuya, coordinadora regional del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), quien acompaña a La Petrolera en este proceso.

Además el presidente de Acodecospat denunció que pasaron casi dos días para que la Policía y la Fiscalía lleguen a levantar el cuerpo del joven monitor. Y que los heridos fueron traslados a Nauta un día después de la emboscada.

AMENAZAS Y CONFLICTO

La situación es tensa y continúan las amenazas a los miembros de la comunidad por parte de los invasores que se han instalado en zonas cercanas así lo señaló la abogada Victoria Shibuya, quien espera que las autoridades por fin ingresen a la zona.

Según informó el medio Mongabay, el viernes 26 de abril en Iquitos, se reunieron representantes de la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Ministerio de Cultura,  dirigentes de Acodecospat y el CAAAP. Para pedir el ingreso de un contingente policial a la comunidad nativa La Petrolera desde el 29 de abril, con el fin de mantener el orden interno.

Desde Orpio pedimos a las autoridades las investigaciones correspondientes y el protección de la comunidad por parte de la Policía, para evitar otra ataque. Además se espera que se reconozca el culpable del asesinato de Cristian Java como la expulsión definitiva de estes grupo de invasores.