A pesar que el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia y una cuarentena que se ha extendido hasta el 26 de abril, para frenar el avance de la pandemia por el coronavirus (COVID-19), empresas petroleras, de tala y palma aceitera siguen funcionando sin importarles la salud  y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas e infringiendo las leyes decretadas por el Gobierno.

Según lo dictaminado por el Presidente Vizcarra se ha establecido otras medidas que tanto las personas y las empresas deben de cumplir con la suspensión de derechos constitucionales, la inmovilización social obligatoria, el llamamiento extraordinario de la reserva orgánica del Ejército Peruano. Sin embargo; estas empresas no lo estan cumpliendo y las autoridades regionales y municipales no están ejecutando la creación de un registro de infractores del estado de emergencia.

Cabe resaltar que, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 004-2020-IN, se creó el registro de infractores del estado de emergencia para aquellos que incumplan las medidas decretas por el Gobierno.

LORETO TIENE DOS MALES: EL CORONAVIRUS Y LAS EMPRESAS PETROLERAS INFRACTORAS COMO PERENCO Y PETROTAL QUE NO CUMPLEN CON CUARENTENA

Por ello, en la región Loreto, la empresa petrolera Perenco continúa desarrollando sus actividades pese a la prohibición del Gobierno de movilizarse por la pandemia del coronavirus. Sus trabajadores tienen que transitar en barcas y se apoyan en la empresa Transur, de transporte fluvial. Así lo indicó el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, Jorge Pérez Rubio.

Aproximadamente 14 comunidades en los alrededores del río Napo están preocupadas por la movilización constante de personas cerca a sus viviendas. Incluso se han detectado a personas provenientes de Ecuador llegan por el río a sus comunidades, sin los instrumentos de prevención necesarias a pesar de que el Gobierno dispuso el cierre de fronteras.

También la empresa Petrotal que opera en el lote 95 sigue operando. Según el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO, Jorge Pérez Rubio, manifestó que la ruta que siguen los trabajadores de esta compañía transcurre por el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena. Las comunidades nativas Urarinas, Jorge Chávez, Manco Cápac y San Pedro (ambas zonas) están en riesgo.

Ucayali amenazada por el avance del COVID-19, la tala ilegal y la palma aceitera. 

En Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo (Ucayali), la empresa «Ocho Sur P. SAC», se dedica a la tala ilegal y a la producción de Palma aceitera. Según informó el presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), Berlin Diques, ellos continúan operando y afectando el territorio de la comunidad shipibo de Santa Clara de Uchunya, así como de otros pueblos indígenas. Esta compañía vulnera los derechos laborales de sus trabajadores, a quienes han obligado a seguir laborando sin respetar el estado de emergencia. Unas 300 personas, entre hombres y mujeres, se encuentran en campamentos de la empresa exponiéndose al contagio del grave virus.

También en el distrito de Masisea, el presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), Berlin Diques identificó a una empresa dedicada a la extracción de madera ilegal y que afectaba a la comunidad shipibo-conibo de Santa Rosa de Dinamarca. Las herramientas que usaban, como motosierras, madera talada y otros,  fueron decomisadas gracias al accionar de la Organización de Desarrollo del Distrito Indígena de Masisea (ORDIM), que puso en conocimiento del caso al Juez de Paz de Pucallpa para la denuncia correspondiente.

Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos HumanosY EL barómetro indígena

En noviembre del 2019, la Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos con apoyo técnico de DAR realizó un barómetro indígena[2], en el que se identificó que, en Petrotal, hubo una falla de válvula que generó un derrame de 10 galones en la base de la empresa que no había sido remediada. Además, se informó que esa junto con otras empresas petroleras están vulnerando los derechos de las comunidades indígenas debido a las actividades extractivas. En el estudio se advirtió que era imprescindible que las empresas se involucren con las poblaciones.

Hasta el 7 de abril, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó más de 200 casos de COVID-19 en regiones de la selva del Perú. Además, según datos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), se evidenció 1,600 casos en la Panamazonía. Según informaron, los núcleos de contagio más grandes se registran en Manaos (Brasil) e Iquitos (Perú).

En esa línea, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), conformado por varios actores de la sociedad civil, exhortó que el Minsa brinde medidas de protección a los pueblos indígenas de la Amazonía y saludó que algunas organizaciones indígenas hayan cerrado el ingreso a sus territorios [3].

EMERGENCIA INDÍGENA EN TODO EL PERÚ

Las organizaciones regionales como ORPIO y ORAU afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo la Selva Peruana (Aidesep) declararon la Amazonía indígena en emergencia por el coronavirus a fines de marzo y alertaron que esta crisis sanitaria podría causar daños irreparables a las comunidades.

El 7 de abril, Aidesep detalló en una carta abierta al presidente de la República, Martín Vizcarra, las acciones que se podrían desarrollar como parte de un plan de emergencia COVID-19 en la Amazonía indígena. Así, precisó que, debido al descontrol de la movilización en las regiones amazónicas, se tiene que cerrar y aislar completamente cada comunidad.

Los pueblos indígenas reclaman que sus demandas sean escuchadas para no exponerse a la enfermedad que ha dejado más de 85,000 muertos en todo el mundo. Además, exigen que se sigan respetando sus derechos dentro de sus territorios frente a las actividades ilegales que siguen operando a pesar del coronavirus.

Por todo ello, la Adjuntía de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo solicitó a la Dirección General de Capitanía y Guardacostas un exhaustivo control de puertos fluviales de la Amazonía.

Finalmente, reiterando nuestro compromiso por contribuir a la aplicación de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos,  las ORGANIZACIONES INDÍGENAS y DAR solicitan a las autoridades que respeten las medidas dadas por el Gobierno e intensifiquen el control y la vigilancia en todos los puestos de control con el fin de resguardar la salud de los pobladores de las comunidades indígenas.

[1] DS Nº 051-2020-PCM Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM