Por Agilio Samperi, presidente de COMARU; Jorge Pérez, presidente de ORPIO; y Jamer Lopez, responsable político del Programa de Industrias Extractivas de ORAU.
“En el periodo de reactivación económica, se han emitido disposiciones donde solo se ha priorizado el impulso de actividades económicas a gran escala, postergando medidas de protección de nuestros derechos. No hay ninguna actividad ante la reactivación económica en que se haya solicitado la participación de las organizaciones indígenas, no hay ninguna institución que haya coordinado con nosotros”. Jorge Pérez, presidente de ORPIO.
Las medidas impulsadas por el Gobierno para la reactivación económica en el marco de la emergencia sanitaria iniciaron su implementación en Perú entre abril y mayo de 2020. Estas medidas, en territorios amazónicos, priorizaron las actividades realizadas por grandes empresas, y esto avanzó sin siquiera tener aprobado un plan de protección para los pueblos indígenas. Así, hemos asistido a nuevos derrames petroleros, a enfrentamientos por la falta de atención a las comunidades en este contexto y privilegios a las empresas para que reinicien sus actividades.
Ante ello, nos preguntamos ¿qué hemos enfrentado como pueblos indígenas en el contexto de reactivación económica y la COVID-19? La sensación y evidencia que percibimos en nuestros territorios es que el Estado ha priorizado la economía antes de la salud y la seguridad de quienes formamos este país. Esto lo sostenemos en base de tres puntos: (i) la atención tardía hacia los pueblos indígenas por parte del Estado ante la COVID-19; (ii) una reactivación económica sin protocolos sanitarios para proteger a los pueblos indígenas que vivimos cerca a los proyectos reactivados; y (iii) la emisión de normativas que buscan simplificar procedimientos y nos impone la virtualidad como medio de participación; serían entonces estas condiciones las que terminan intensificando los riesgos en nuestras comunidades.
(i) Atención tardía hacia los pueblos indígenas por parte del Estado ante la COVID-19: Las normativas enfocadas en la protección de los pueblos indígenas ante la COVID-19 han sido una respuesta tardía por parte del Gobierno frente a la protección de la salud de los pueblos indígenas, pues esta disposición fue emitida recién en el mes de mayo de 2020, de manera posterior al inicio de la primera fase de reactivación, a través del DL N° 1489, que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, con el cual recién se delegaba responsabilidades que resultaban evidentes y que debieron ser asumidas desde el inicio de la emergencia, al MINCU y MINSA.
Sin embargo, dicha medida no fue eficaz, generó mayor burocracia y ralentizó los esfuerzos que debieron ser inmediatos. Frente a ello, la medida más importante fue la creación de los Comandos COVID-19 indígenas, a iniciativa de las propias organizaciones indígenas. Esto fue tomando forma y entrando en acción desde mayo y junio del 2020 y fue la respuesta más efectiva para la atención de los pueblos indígenas.
Nosotros priorizamos la salud y la subsistencia de nuestros pueblos. Desplegamos redes de apoyo entre comunidades, entre pueblos, apelamos al bosque y a los ríos como seres vivos que nos proveen y permiten sobrevivir. Nuestra subsistencia va en otra dirección, completamente diferente a la idea de reactivación económica. Por ello, es que se vuelve tan importante proteger y gestionar mejor nuestros recursos naturales, no han sido las políticas de salud, y menos las de reactivación económica las que nos han permitido resistir esta pandemia, han sido el bosque y nuestros conocimientos ancestrales.
(ii) Reactivación económica sin mecanismos de fiscalización, ni supervisión de los protocolos sanitarios, para no afectar a los pueblos indígenas que habitan zonas de proyectos reactivados. Un punto fundamental es que cada sector debió y debe asegurar, tanto para la protección sanitaria de los trabajadores y de los pueblos cercanos a los distintos proyectos (en el que se debió considerar los riesgos de las actividades reanudadas).
Ante ello, el DS N° 080-2020-PCM estableció la obligación de elaborar y aprobar los protocolos sanitarios para cada sector, siguiendo los lineamientos generales emitidos por el MINSA. Sin embargo, no establecieron mecanismos de fiscalización o sanción ante el incumplimiento de las medidas incluidas en los protocolos sanitarios. Así, se ha sumado amenazas a la seguridad de poblaciones vulnerables que carecemos de servicios básicos de salud desde antes de la pandemia, y donde además de atención tardía frente al COVID-19, las actividades extractivas e infraestructura ya venían afectando nuestros derechos y territorios con derrames petroleros y contaminación.
Lo que hemos percibido en nuestros territorios es que las grandes empresas extractivas no se detuvieron durante la pandemia. Para ellos, los beneficios; y para nuestros pueblos, la postergación. Necesitamos des-economizar la Amazonía, dejar de verla sin población, dejar de verla solo como fuente de recursos que explotar. La des-economización exige no solo poner al mercado en el centro de las medidas, sino a quienes lo conformamos, pensando en nuestras condiciones de vida, nuestras capacidades e intereses de desarrollo.
(iii) En plena época de pandemia, se han emitido normativas que simplifican procesos y flexibilizan estándares que intensifican los riesgos en nuestras comunidades: Como organizaciones indígenas hemos enfocado nuestros esfuerzos en contener la COVID-19 en las comunidades. Mientras, en este contexto han emitido y propuesto medidas que debilitan la normativa ambiental, que de cierta manera protegían a los territorios indígenas, ecosistemas y áreas naturales protegidas como la RM N°430-2020-MINEM/DM, que propone un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que impulsa actividades extractivas en Áreas Naturales Protegidas.
También se ha insistido y siguen proponiendo la virtualidad para la participación cuando las condiciones de acceso a internet son bajísimas en nuestras comunidades. Se retiró del Reglamento de Participación en hidrocarburos el monitoreo ambiental comunitario como una acción a implementar durante el desarrollo de los proyectos. Nuevamente, la prioridad ha sido la economía, la que reconocemos como elemento importante para nuestras sociedades, pero el desbalance y la postergación de derechos y servicios como la salud nos han condenado a los altos impactos de la COVID-19. Lo que esperamos es construir un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo de convivencia que nos incluya en las decisiones de las autoridades del Estado, y que esta participación se adecúe a nuestra realidad y condiciones culturales. Ojalá la pandemia nos deje esto como lección.
¿Cómo podemos definir el proceso de reactivación que se ha venido desarrollando?
La reflexión que hemos tenido como organizaciones indígenas luego de poco más de un año de haberse dado las primeras medidas de reactivación es que este proceso ha priorizado el impulso de la economía de las grandes empresas (muchas no paralizadas). Sin embargo, estas empresas no cumplen los compromisos asumidos de remediación, o los nuevos de protección sanitaria. Necesitamos fortalecer la fiscalización y supervisión, una que nos incluya a los pueblos indígenas.
Es evidente el pensamiento que prioriza lo económico con enfoque macroeconómico, más allá de ello, no existe un tema de reactivación para las comunidades. Es decir, la economía local, como la indígena, no ha sido considerada, la reactivación solo se ha enfocado en el impulso de empresas de hidrocarburos, infraestructura y forestales (concesiones).
Asimismo, es evidente que la reactivación no ha considerado las expectativas y participación de los pueblos indígenas, ni de sus representantes. La estrategia y medidas priorizadas para la reactivación han sido construidas de manera unilateral sin la participación de las organizaciones indígenas.
La reactivación económica continuará siendo una política del Estado y del nuevo Gobierno. Ante ello, esperamos que cambie de enfoque, que genere un balance entre derechos y economía. Una reactivación económica que pueda tener un enfoque de derechos, y que ello incluya los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El bicentenario nos debe dar la oportunidad histórica de construir, como señalamos, un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado. Debemos acercarnos a des-economizar la Amazonia. Fortalecer mecanismos que no solo reconozcan nuestra participación como indígenas, sino que incluyan nuestros aportes de manera efectiva, monitoreo ambiental indígena que esté articulado al sistema nacional de gestión ambiental, veedurías forestales que trabajen articuladamente a las autoridades regionales y nacionales, trabajar para detener las economías ilegales que tanto daño nos vienen trayendo en nuestros territorios. En suma, construir nuevos caminos de desarrollo.
Nuestra preocupación sigue enfocada en los temas de las empresas petroleras, minería ilegal, tala ilegal, concesiones forestales y proyectos de infraestructura, que nunca se han detenido y han intensificado las amenazas en nuestros territorios. En marco de la Plataforma Indígena Amazónica de Seguimiento a las Inversiones Chinas, y en los espacios de diálogo, con la participación de las organizaciones indígenas seguiremos avanzando en construir unos lineamientos de reactivación para ser conversada con el próximo Gobierno, que engloben medidas nuevas construidas con una visión indígena, así como propuestas entregadas al Estado y que han sido ignoradas, como el capítulo ambiental para la actualización del TLC entre Perú y China.