Los representantes de los pueblos indígenas de Loreto que suscribimos, reunidos en el Congreso Ordinario – 2020 de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, los días 15 y 16 de diciembre del año en curso, nos dirigimos a las autoridades gubernamentales de nivel local, regional y nacional, a los organismos internacionales de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la opinión pública para manifestar lo siguiente:

  • Respaldamos y aprobamos el informe de gestión – 2020 del consejo directivo de nuestra organización regional, ORPIO. Las acciones políticas y técnicas realizadas por nuestros representantes y su equipo de trabajo, con el apoyo de nuestros aliados, reflejan el gran esfuerzo realizado para atender y canalizar nuestras propuestas y demandas. Estas acciones se han realizado en un contexto de pandemia agravada por la continua invasión de nuestros territorios y la afectación de nuestros derechos fundamentales, incluso por el propio Estado.
  • El fallecimiento de cientos de hermanos y hermanas indígenas en la región y el país por el COVID 19 evidenció la precariedad del sistema público de salud y la falta de capacidad de los diferentes sectores del Estado para prevenir, atender y mitigar sus efectos entre la población. La ausencia del Estado en el momento más crítico de la pandemia demostró su fragilidad, la cual se ahonda cuando se trata de garantizar la vida y la salud de los pueblos indígenas. De ahí la importancia del apoyo brindado por ORPIO, a través de la colaboración de los cooperantes, para que pudiéramos contar oportunamente con víveres y medicamentos, a fin de enfrentar la pandemia en mejores condiciones, lo cual agradecemos.
  • Durante la pandemia de COVID 19, el Programa Nacional PIAS tuvo un desempeño muy limitado, dificultando el traslado de gestantes, ancianos, madres de familia hacia los centros poblados para recibir atención médica. Inclusive, en el río Ampiyacu, varios ancianos que no pudieron ser trasladados murieron.
  • El 9 de agosto, durante las protestas pacíficas realizadas por hermanos y hermanas Kukama Kukamiria y otros pobladores del río Puinahua contra la empresa petrolera Petrotal que opera en el lote 95, se produjo la muerte de tres hermanos indígenas, mientras que 10 resultaron heridos a causa de la represión policial. En vez de buscar el diálogo con la población local que protestaba debido al abandono en el que vive, más aún en el contexto de la grave emergencia sanitaria, los representantes de la empresa petrolera y del Estado optaron por responder con violencia, acabando con la vida de nuestros hermanos, hiriendo a varios otros y sumiendo a sus familias en el dolor.
  • La problemática de los pueblos y comunidades indígenas frente a la actividad petrolera en sus territorios no está siendo atendida por el Estado a la altura de las necesidades, frente a los impactos socioambientales que esta ha ocasionado a lo largo de los años. El llamado “Plan de cierre de brechas” es muy limitado frente a las dimensiones del problema causado por dicha actividad extractiva sobre nuestros pueblos y territorios.
  • La formación educativa basada en el fortalecimiento de nuestra identidad cultural es vital para mejorar nuestras vidas como pueblos indígenas. Esta educación es impartida por el Programa de Formación de Maestros Bilingües, FORMABIAP, con más de 30 años de trayectoria, cientos de profesores indígenas formados y premiada a nivel internacional por la calidad de su enseñanza y su impacto positivo en los pueblos indígenas. Sin embargo, el programa enfrenta dificultades financieras que limitan la necesidad de expandirse para beneficiar a un número mayor de pueblos y comunidades indígenas a través de la educación intercultural bilingüe.
  • Existen numerosas comunidades nativas que aún no han sido reconocidas, tituladas ni ampliadas. La falta de seguridad jurídica de nuestros territorios comunales facilita la superposición de derechos a favor de terceros e invasiones por personas dedicadas a actividades ilícitas.
  • Las áreas de las reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento se encuentran afectadas por la superposición de concesiones forestales, hidrocarburíferas, tala ilegal, cultivos de coca, narcotráfico. El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de reconocer oficialmente estos territorios ni de protegerlos de manera efectiva, tomando en cuenta el grave riesgo que enfrentan los pueblos indígenas que los habitan.
  • El Estado sigue construyendo unilateralmente carreteras que atraviesan nuestros territorios y agravarán las invasiones y la violencia que enfrentamos por la presencia del narcotráfico en zonas como el Putumayo, donde se ha construido la vía Nanay- San Salvador-El Estrecho. La zona del río Algodón, territorio Maijuna, es una de las áreas que resultará fuertemente afectada con esta carretera.
  • Los pueblos indígenas del Putumayo están afectados por el narcotráfico y la presencia de grupos armados. Estos vienen desencadenando inseguridad y la violencia, habiendo causado la muerte a dos dirigentes y teniendo bajo amenaza a varios más. Los procesos de empoderamiento territorial de los pueblos y comunidades indígenas han tenido que ser suspendidos ante el incremento de la violencia. Los jóvenes están en peligro de ser captados por estos grupos. Mientras tanto, los representantes del Estado, responsables de brindar seguridad a la población y combatir dichos problemas, están ausentes.
  • El Gobierno Regional viene utilizando la excusa de la reactivación forestal para otorgar concesiones forestales en áreas de comunidades nativas y de reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos en aislamiento, aun cuando la propia legislación forestal se lo prohíbe.
  • La minería aluvial ilegal se está expandiendo principalmente en los ríos Napo, Nanay y Putumayo, afectando a los pueblos indígenas y sus organizaciones, contaminando el agua y los bosques aluviales, y generando inseguridad y violencia.
  • La caza y pesca ilegal con fines comerciales vienen afectando gravemente nuestros territorios. El uso de productos altamente contaminantes para la pesca afecta las fuentes de agua que utilizamos para el consumo, poniendo en riesgo la salud de nuestras familias.
  • El cultivo de coca mayormente por miembros de la congregación Israelita está afectando los territorios titulados de comunidades nativas en el río Ampiyacu, Bajo Amazonas, Yavarí, Atacuari, Loretoyacu y, a la vez, está causando la entrada masiva de foráneos, así como asaltos y violencia. A la vez, los jóvenes están muy expuestos a consumir sustancias adictivas, de lo cual se derivan serios problemas de salud, sociales, pudiendo incluso poner en peligro sus vidas.

Reafirmamos:

  • La unidad de nuestros pueblos y nuestro compromiso de fortalecer nuestras organizaciones de diferente nivel para enfrentar juntos los problemas y sacar adelante nuestras propuestas y reivindicaciones.
  • Nuestra decisión de fortalecer nuestros propios conocimientos y sistemas de salud, mejorar la protección de nuestros territorios y base alimentaria, así como nuestras organizaciones y la logística para enfrentar en las mejores condiciones, posibles emergencias sanitarias, ambientales o de cualquier otra índole, que podrían afectar a nuestras familias y pueblos.
  • Nuestro compromiso de fortalecer el Programa de Formación de Maestros Bilingües, FORMABIAP, brindándole las condiciones que requiere para licenciarse, expandirse, consolidarse y seguir contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y la educación de nuestros pueblos.
  • Nuestra defensa de los pueblos indígenas en aislamiento, nuestro respeto a su decisión de apartarse de la sociedad nacional que ha sido su agresora a lo largo de los años, y nuestro compromiso de gestionar el reconocimiento oficial de sus territorios y la defensa de sus derechos fundamentales.

Demandamos:

  1. Al Ministerio de Salud: Definir e implementar, junto a los representantes de los pueblos indígenas, una estrategia eficaz de prevención, atención y mitigación de impactos de enfermedades entre pueblos indígenas. Mejorar la atención de salud frente a la malaria, la hepatitis B, el dengue y otras enfermedades que afectan a los pueblos indígenas. Mejorar el sistema público de salud dirigido a los pueblos indígenas, a través del fortalecimiento de los promotores de salud, el respeto y la incorporación de sabios y sabias indígenas, el uso de productos medicinales propios y la implementación de los puestos de salud.
  1. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS: se requiere mejorar el funcionamiento de PIAS, de tal manera que este llegue a un número mayor de comunidades indígenas y cumpla con su objetivo de acercar los servicios básicos a los pueblos indígenas; más aún en contextos de pandemia. Los pueblos indígenas nos comprometemos a brindar al personal de las PIAS el apoyo que necesiten para permanecer en nuestras comunidades el tiempo que sea necesario principalmente para atender y mitigar el impacto de enfermedades como el COVID 19.
  1. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Brindar las facilidades para que las comunidades indígenas puedan contar con telefonía, banda ancha de internet y radiofonía y, de esta forma, puedan manejar y superar de mejor manera emergencias de cualquier tipo.
  1. A la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República: Recibir y atender a los deudos de los pobladores Kukama Kukamiria fallecidos y heridos durante la protesta contra la empresa Petrotal, el 9 de agosto, y a los representantes de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del bajo Puinahua, AIDECOBAP.
  1. Al Gobierno nacional: Rechazamos la represión y persecución del gobierno contra los líderes y lideresas indígenas que vienen exigiendo al Estado el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonía. En particular, llamamos la atención sobre la hostilización contra los representantes de los pueblos indígenas afectados por los lotes petroleros 95, 192, entre otros y exigimos que se investiguen y sancione a los responsables de la persecución y los crímenes cometidos en las protestas pacíficas por exigir sus derechos fundamentales.
  1. A la Presidencia del Consejo de Ministros: Solicitamos atender la solicitud de reunión de alto nivel planteada por los representantes de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria, AIDECOS, para tratar sobre la problemática de los pueblos indígenas frente a la actividad petrolera; en particular, las limitaciones del “Plan de Cierre de Brechas”.
  1. Al Ministerio de Educación: Apoyar el proceso de licenciamiento y consolidación del Programa de Formación de Maestros Bilingües de AIDESEP, FORMABIAP. Demandamos que la educación sea impartida por profesores de los mismos pueblos indígenas que integren las comunidades en las que ejerzan la enseñanza. Dichos profesores deben tener una preparación de muy alta calidad, enseñar en idioma indígena, revitalizar la cultura, de tal manera que incidan en la formación de jóvenes con mayor identidad cultural y nivel educativo.
  1. Al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Regional: Priorizar la atención a las demandas de reconocimiento, titulación y ampliación de comunidades nativas y coordinar con los sectores gubernamentales correspondientes la suspensión del otorgamiento de derechos a favor de terceros en estas áreas, como el caso de las concesiones de conservación, ACR, y demás.
  1. Al Gobierno Regional de Loreto: Cancelar el otorgamiento de concesiones forestales sobre los territorios de todos los pueblos indígenas del departamento y anular las existentes en dichos territorios. El Estado debería fortalecer nuestros derechos territoriales de los pueblos indígenas en la legislación nacional sobre la base de los estándares internacionales existentes.
  1. Al Ministerio de Cultura y la Comisión Multisectorial de la Ley 28736: atender con seriedad, eficacia, compromiso y sentido de precaución ante la vulnerabilidad, las solicitudes de reservas indígenas a favor de pueblos indígenas en aislamiento, la mayor parte de las cuales han sido presentadas por nuestras organizaciones hace entre 2 y 3 décadas. Lograr la anulación de las concesiones forestales otorgadas en estas áreas, impedir la superposición de derechos a favor de terceros e implementar mecanismos efectivos de protección de estos territorios. Reactivar el Grupo de Trabajo para la protección de PIACI de corredores territoriales (o Grupo de Trabajo para la protección de PIACI fuera de reservas – RM 432-2018-MC).
  1. A la presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Reiteramos la demanda de respeto a la decisión del pueblo Maijuna de no aceptar la construcción del cuarto tramo de la carretera Nanay-San Salvador-El Estrecho en su territorio ante el riesgo que este sea invadido y facilite la presencia del narcotráfico que ya afecta zonas aledañas. Siendo esta una decisión tomada, rechazamos la aplicación de cualquier proceso de consulta previa para tratar este asunto y solicitamos implementar las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha decisión. Los proyectos viales que vienen siendo promovidos por los gobiernos locales por encima del rechazo de los pueblos indígenas afectados, deben paralizarse y cancelarse.
  1. A la Presidencia del Consejo de Ministros. Intervenir de manera efectiva y sostenible en la región del Putumayo para poner fin a las actividades ilícitas que día a día ponen en grave riesgo la vida de los pueblos indígenas y de la población en general. Reiteramos el pedido de presencia urgente del estado y la Defensoría del Pueblo en las comunidades indígenas en toda la cuenca del Putumayo, en el lado peruano de la frontera.
  1. Al Gobierno Regional y la Gerencia Regional Forestal, excluir las concesiones forestales otorgadas en áreas de comunidades nativas y de reservas indígenas solicitadas a favor de pueblos indígenas en aislamiento por atentar contra su integridad y vulnerar la legislación forestal vigente. El OSINFOR debería implementar estrategias más eficaces para combatir la tala ilegal que afecta en términos sociales, ambientales, económicos y políticos a las comunidades indígenas.
  1. Al Ministerio del Ambiente y el Ministerio Público: erradicar la minería ilegal de los ríos Napo, Putumayo y Nanay e implementar las acciones necesarias para evitar que estas continúen realizándose. Mejorar la coordinación y colaboración con los pueblos indígenas para combatir la criminalidad en la Amazonía.
  1. A la Autoridad Regional Ambiental: Coordinar con ORPIO y las federaciones correspondientes acciones para erradicar la caza y pesca comercial ilegal que se viene realizando en áreas de comunidades nativas y zonas aledañas.
  1. A la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional: Erradicar los cultivos de coca que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.

CONGRESO ORDINARIO DE ORPIO

DECLARATORIA CONGRESO ORDINARIO DE ORPIO