Recientes notas en medios de comunicación dan cuenta de la sesión de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República del pasado 10 de setiembre, donde el viceministro de Transportes hizo una presentación sobre los problemas del transporte en los ríos de la amazonía,  e insistió en el proyecto Hidrovía Amazónica como respuesta para mejorar esta situación y la vida de quienes habitamos esta parte olvidada del Perú.

En dicha presentación, el Viceministro dijo que las zonas a dragar serían al menos 19, cuando nos han consultado solo 13, y cuando en el Estudio de Impacto Ambiental solo se han identificado medidas para de alguna manera responder a los impactos de esas 13. Al aumentar el dragado aumenta también la magnitud de los riesgos para nuestras comunidades en nuestra alimentación y pesca, y en la calidad del agua del río que bebemos, y con la que cocinamos, lavamos y nos aseamos, afectando el legado material y espiritual que los ríos nos entregan.

 Hay que recordar, Sr. Viceministro, que los ríos no son carreteras, son seres vivientes, cambiantes y con relaciones complejas con los bosques y la amazonía, y que exigen estudios rigurosos, así como garantías técnicas y legales para poder desarrollar cualquier tipo de intervención en ellos.

 Sin embargo, no se cuenta con estudios sobre el comportamiento del fondo de nuestros ríos, ni de los sedimentos que se dragarían de ellos. No se ha estudiado a profundidad cómo se da la migración de los peces; no se ha hecho el EIA en base a la información final de ingeniería del proyecto, ni se cuenta con un marco legal adecuado, entre tantas fallas que tiene este estudio que actualmente se encuentra en evaluación del SENACE.

La información de ingeniería es clave porque define las características finales que tendrá el dragado; por ello, en la consulta previa del 2015 acordamos con el MTC que durante el proceso de participación ciudadana se nos iba a presentar el Estudio Definitivo de Ingeniería; cosa que no sucedió. Además, el MTC se comprometió a dar normas que regulen y fiscalicen el transporte en los ríos, las cuales aún no ven la luz.

Antes de seguir promocionando la hidrovía como la salvación de la Amazonía, el MTC y las instituciones responsables de la evaluación del proyecto deben cumplir su rol de anteponer y proteger los derechos de los ciudadanos (sí, los indígenas también somos ciudadanos).

Ya tenemos lecciones como las de la Interoceánica Sur. Se prometió conectividad y mejorar mercados, y el resultado fue minería ilegal, contaminación ambiental, corrupción y peores condiciones de vida para quienes viven en dichas zonas.

Señor Viceministro, los pueblos indígenas no nos oponemos a la conectividad, la hemos desarrollado por siglos sin afectar nuestros ríos y bosques. Nos oponemos a proyectos que priorizan el dinero, los intereses externos y relegan a las poblaciones indígenas hacia la pobreza extrema y la zozobra, proyectos con vacíos técnicos que incrementan el riesgo y que serían implementados sin que se cumplan nuestros derechos, como los generados por los acuerdos de la consulta previa que nosotros, los pueblos indígenas, logramos a través de una acción judicial.

Si queremos conectividad, discutamos otras alternativas que en su diseño y análisis técnico garanticen los derechos indígenas y ciudadanos, y no una propuesta con tantos vacíos.

En Loreto no se ha sabido aprovechar los beneficios generados a partir de la extracción de nuestros recursos, con claridad y con transparencia, y debemos aprender de eso. Los derechos de los pueblos indígenas y de todos los ciudadanos deben ser prioridad en la planificación, diseño e implementación de proyectos como éste. 

Por: Jorge Pérez Rubio 

Presidente de la organización indígena ORPIO (Loreto)